Reforma agricola Colombiana

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó recientemente en Barrancabermeja su programa integral de tierras con el claro propósito de saldar “la deuda que el país tiene con el campo”: “queremos que sean dueños de su propio destino. Ni la violencia ni la injusticia volverán a arrebatarles el progreso… Queremos que trabajen la tierra, sin miedo y con vocación, pensando en su futuro y en el futuro de sus hijos. Ustedes son los maquinistas, ustedes son los protagonistas de esa locomotora que le dará mayor prosperidad al campo. El país tiene una enorme deuda con ustedes y su dedicado trabajo se verá recompensado. Colombia los necesita prósperos productivos, propietarios de sus tierras… Juntos lo vamos a lograr”.

El gabinete entero está muy volcado en este tema. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció que en Colombia hay “una vergonzosa concentración de la propiedad rural en el país”, mientras que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, admitió que la población desplazada “supera los tres millones. Colombia tiene el deber ético y moral de saldar esa deuda insoluta con aquellos despojados injustamente por los violentos de todos los pelambres”.

En 1996 grupos paramilitares expulsaron violentamente 280 familias campesinas de la Hacienda Bella cruz incendiando viviendas, destruyendo escuelas y cultivos y dejando un saldo de más de 40 campesinos asesinados.

Un año más tarde la mayoría de las familias fue reasentada en tres fincas en otras regiones del país. Las familias siguen sufriendo una situación crítica porque las tierras que recibieron son de mala calidad y no tienen títulos de propiedad; además, las familias están obligadas a pagar por las nuevas tierras.

Las duras condiciones de crédito y la imposibilidad de generar los ingresos suficientes por falta de apoyo adecuado condenan a las familias a vivir en una situación precaria.

Hasta hoy las amenazas de muerte y los hostigamientos en contra de las familias por parte de los paramilitares no han cesado. Hasta hoy no hay ninguna posibilidad para las familias de vivir en paz ni hay un día sin temor de perder la tierra.

A pesar de todas las adversidades y el sufrimiento infringido, las comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas no se rinden y siguen en la lucha por tener un espacio propio de vida. La historia demuestra que la resistencia campesina es diversa, amplia y recursiva. A pesar de todos los intentos –incluyendo el desplazamiento forzado- de reducir la población dedicada a la agricultura, ésta ha aumentado en términos absolutos de 6 millones de personas en 1938 a 11,6 millones en 1993. La economía campesina ha jugado un papel central en la construcción de la economía colombiana y ha demostrado ser viable como lo revela recientemente el hecho de que los pequeños productores fueron capaces de soportar mejor que los grandes la liberalización del comercio agrícola. Organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), FENSUAGRO luchan por su reconocimiento como sujetos de desarrollo alternativo.